La Gestación por Sustitución en México: Una Realidad Social

La autora, directora general de Cibeles Abogados S.C., se pronuncia por regular la gestación por sustitución, pero siempre considerando la dignidad y la autonomía de la mujer que gesta.

Hace tiempo que la gestación por sustitución dejó de ser un debate teórico o una curiosidad legal. Hoy, es una realidad palpable que cruza fronteras y da forma a vínculos familiares que el derecho civil tradicional simplemente no previó. México se ha consolidado como un punto clave para familias de todo el mundo que buscan acceder a esta técnica para cumplir su proyecto de vida.

El problema es que caminamos sobre un vacío legislativo. Esto obliga a la abogacía a construir las reglas del juego caso por caso. Ante la falta de una ley clara, la Suprema Corte ha tomado el mando, marcando los principios básicos. Sus recientes criterios no solo legitiman la práctica, sino que nos dan una hoja de ruta ética y jurídica indispensable.

El fundamento de la gestación por sustitución no es técnico, sino humano. Hablamos del derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida, del derecho a formar una familia, a decidir libremente sobre nuestra vida reproductiva y a aprovechar los avances científicos para lograrlo. Para México, estos derechos no entienden de nacionalidades, de estado civil o de orientación sexual; son universales.

Sin embargo, hay que ser realistas: estamos hablando del cuerpo de otra persona. Este hecho ineludible exige un equilibrio fino. No podemos defender el deseo de los futuros padres y madres sin poner en el centro, de forma irrestricta, la dignidad, la autonomía y el bienestar de la mujer que gesta.

Uno de los aportes más importantes de la jurisprudencia reciente de la Suprema Corte es haber reconocido que los contratos de gestación por sustitución son, por su propia naturaleza, asimétricos.

Esa asimetría no se explica únicamente por la posición económica o social con la que cada parte inicia el proceso, sino por el tipo de obligaciones que cada una asume. Mientras los progenitores intencionales adquieren principalmente compromisos económicos, jurídicos y parentales, la mujer gestante asume una carga profundamente distinta: compromete su cuerpo, su salud, su tiempo, su vida cotidiana y enfrenta los riesgos propios de un embarazo.

Sin embargo, hablar de asimetría no significa afirmar automáticamente que existe explotación. Esa distinción es indispensable. Pensar que toda mujer que decide gestar para otra familia está siendo explotada implicaría desconocer su capacidad de decisión y caer en una forma de paternalismo que también puede resultar problemática.

El verdadero punto está en reconocer que las obligaciones no son equivalentes y que, precisamente por ello, el contrato debe incorporar reglas claras, información suficiente y garantías reales para proteger a la mujer gestante. La respuesta no debería ser prohibir sin más, sino regular con seriedad, partiendo de que no todas las cargas del proceso pesan de la misma manera sobre las partes.

A partir de los criterios de la Corte, pueden identificarse varios elementos mínimos para equilibrar esta relación:

1. Información real, no formalismos: La gestante debe entender cada detalle: médico, legal, psicológico en un lenguaje claro. Si no, no hay consentimiento real.

2. Consentimiento como proceso: No basta con una firma. Es un acompañamiento continuo. Debe haber un margen de tiempo en cada paso, para que cada parte reflexione sin presión externa.

3. Abogado independiente: La gestante necesita su propia representación legal, ajena por completo a la de los progenitores intencionales. Si el despacho es el mismo, no hay defensa real.

4. Compensación digna: Debemos alejarnos de la idea de “comercialización”, que es ilícita. Se trata de reconocer el tiempo, el esfuerzo físico, el impacto en la vida de la mujer gestante y el costo de oportunidad que asume por el hecho de estar embarazada. Es una labor que merece una remuneración justa, desvinculada de resultados médicos y sin ataduras que generen dependencia.

5. Autonomía corporal: El contrato tiene límites. No es un instrumento para controlar el cuerpo o las decisiones médicas de la gestante.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha consolidado una sólida línea jurisprudencial que redefine los ejes de la filiación jurídica, particularmente en el ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida. A partir del hito marcado por el Amparo en Revisión 553/2018, el Máximo Tribunal impulsó un cambio de paradigma disruptivo: la determinación del vínculo filial ya no se encuentra supeditada de manera determinante al componente genético o biológico, sino que se fundamenta esencialmente en la voluntad procreacional.

Bajo esta óptica constitucional, asumir la maternidad o la paternidad se configura como un acto de intención jurídica, autonomía de la voluntad y compromiso afectivo, desmitificando la noción tradicional que reducía la filiación a un mero hecho biológico. No obstante, es imperativo precisar que esta premisa no confiere una facultad absoluta al instrumento contractual para dictar por sí mismo el estado civil de las personas; por el contrario, cualquier estipulación mercantilista o cláusula que pretenda la “comercialización” de la filiación adolecería de nulidad absoluta.

El contrato opera exclusivamente como el vehículo formal donde se exterioriza y documenta de manera libre e informada dicha voluntad. En última instancia, corresponderá siempre al órgano jurisdiccional evaluar la validez de dicha manifestación y determinar la filiación correspondiente, rigiéndose de manera inexorable por el principio convencional del interés superior del menor.

En la práctica registral contemporánea, el interés superior de la infancia se ha estrellado contra el muro de la inercia administrativa. Bajo el argumento de un vacío legislativo o la falta de lineamientos especiales para la gestación por sustitución, el Registro Civil ha normalizado una política restrictiva que niega verbalmente la inscripción ordinaria e inmediata de los recién nacidos, exigiendo como requisito previo una sentencia judicial ejecutoriada.

Esta imposición extralimitada de la autoridad administrativa no solo desnaturaliza su función puramente declaratoria de derechos, sino que trastoca el paradigma constitucional fijado por la Suprema Corte, donde la filiación jurídica en contextos de reproducción asistida no depende del suceso biológico del parto ni del componente genético, sino de la voluntad procreacional, entendida como el compromiso jurídico y afectivo de asumir la crianza y protección del infante.

Condicionar el derecho humano a la identidad a los tiempos y dilaciones de un proceso jurisdiccional posterior sitúa a la niñez en un estado de absoluta invisibilidad y vulnerabilidad legal.

El acta de nacimiento no es un mero trámite burocrático: es el instrumento fundamental que otorga existencia legal, permitiendo la individualización del ser humano y abriendo la puerta al acceso inmediato a la identidad, la nacionalidad, la filiación, los alimentos, la seguridad social, entre otros.

Perpetuar requisitos innecesarios bajo una visión biologicista e historicista de la ley no solo violenta los derechos del recién nacido al mantenerlo en un limbo jurídico, sino que también impone cargas desmedidas e incertidumbre a las familias intencionales y a las personas gestantes. Ante la disociación entre la realidad biológica y la intención jurídica, los juzgadores y las autoridades tienen la obligación ineludible, priorizando la estabilidad y certeza del menor por encima de cualquier formalismo rigorista.

Seguir sin una ley integral es insostenible. Esta omisión nos deja a todos en la intemperie: a las gestantes las expone a abusos, a los futuros padres y/o madres les genera incertidumbre y a las infancias las pone en riesgo legal. La clandestinidad, alimentada por la falta de reglas claras, es el caldo de cultivo perfecto para la explotación y abusos.

La regulación que necesitamos no debe ser ni prohibitiva ni una “ley de la selva”. Debe basarse en:

• Aceptar la asimetría y buscar el equilibrio.
• Garantizar representación legal real para la mujer gestante.

• Tratar el consentimiento como un proceso, no como un trámite burocrático.
• Una compensación digna, transparente y ética.

• Proteger la autonomía de la mujer en todo momento.

• Tener siempre como brújula el interés superior del menor.
• Crear procesos ágiles de filiación.

El fundamento de la gestación por sustitución no es técnico, sino humano. Hablamos del derecho a decidir sobre nuestro proyecto de vida, del derecho a formar una familia, a decidir libremente sobre nuestra vida reproductiva y a aprovechar los avances científicos para lograrlo.

La gestación por sustitución es, una práctica compleja que puede abrir la puerta a proyectos familiares legítimos, pero también puede generar abusos si se desarrolla sin reglas claras.

Lo que define su valor no es solo su existencia, sino el marco ético y jurídico en el que opera. Quienes trabajamos en este campo tenemos la responsabilidad de no esperar pasivamente a que el legislador se ponga de acuerdo. Desde la práctica diaria, debemos aplicar con seriedad los estándares que la Suprema Corte ya ha trazado.

México tiene frente a sí una realidad que sigue creciendo. La pregunta ya no es si la gestación por sustitución debe existir, sino cómo vamos a regularla para que sea un camino digno, seguro y centrado en derechos, y no un espacio de explotación. La tierra ya empieza a ararse. Ahora nos toca sembrar con responsabilidad.